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CARTA ABIERTA AL ALCALDE ELECTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO




El Distrito Metropolitano de Quito se encuentra en una grave crisis territorial e institucional. Desde hace más de 20 años, la planificación urbana y rural dejó de ser la razón de ser de la municipalidad, convirtiéndose en un simple operador político al servicio de los intereses del sector inmobiliario, permitiendo que el libre mercado se apodere de todas las dinámicas espaciales con terribles consecuencias tanto sociales, como económicas, físicas, políticas y de gestión. Después de haber sido un referente en cuanto a planeamiento urbano tanto a nivel nacional como regional en los años 80, a través de un modelo, por cierto, no exento de contradicciones, el municipio del DMQ dejó de cumplir su rol en el ámbito de la gestión y el control del territorio, permitiendo que sean únicamente las fuerzas del mercado las que regulen la producción del espacio y las dinámicas territoriales.


Esto ha significado que de forma absoluta e irracional, se priorice el valor de cambio del suelo y de lo edificado frente a su valor de uso, a pesar de que este último es el que garantiza la reproducción de la vida en el territorio, trastocando las prioridades de la administración municipal que, en la práctica, lo único que hace es avalar una forma de producción espacial excluyente e injusta. En ese sentido hay varios temas que deben ser tratados de manera urgente, con el fin de detener el inexorable deterioro de la calidad de vida de los habitantes del DMQ. Estas cuestiones si bien deben ser manejadas por técnicos y especialistas críticos y experimentados, no pueden dejar de lado la real participación ciudadana, sin la cual ninguna propuesta es viable.


El tema del transporte, que en algún momento se convirtió en el componente articulador más importante de la planificación urbana, jamás ha contado con la decisión política que permita implementar cambios estructurales con el fin de convertir a la movilidad -no solo el transporte- en un elemento fundamental de integración socio-espacial. Esto se debe principalmente a una planificación que privilegia el vehículo privado sobre el transporte colectivo y sobre otras alternativas de movilidad, entre las que, evidentemente, se encuentra la circulación peatonal como elemento fundamental de cualquier política relacionada con el transporte. Por eso, es indispensable recuperar las aceras y hacerlas accesibles y universales, aprovechando los 2.000 millones invertidos en soterrar el metro de Quito, con el fin de recobrar esa área en superficie en beneficio del peatón. Si el Metro de Quito no forma parte de una vez por todas, de un sistema integral de transporte público al servicio de las grandes mayorías, la inversión llevada a cabo será un lastre no solo para la municipalidad sino para la ciudad en su conjunto. Es hora de tomar decisiones radicales que permitan desmantelar una modalidad de prestación de servicios de transporte anacrónica y perniciosa. El transporte colectivo debe ser municipalizado y subsidiado de ser el caso, pues los beneficios sociales y económicos de este tipo de políticas son evidentes y comprobables.


Si bien la movilidad es una de las grandes preocupaciones de la ciudad, mientras esta sea comprendida únicamente como un problema de transporte, jamás se podrá llegar a soluciones integrales. La movilidad está estrechamente relacionada con la cantidad y calidad de los desplazamientos, es evidente que la localización de las actividades cotidianas y su estricta zonificación han contribuido a desconectar, segmentar y fragmentar el espacio urbano, creando sectores cuya ocupación se da solo en horarios determinados por el tipo de labores que ahí se desarrollan, como sucede con las áreas comerciales y de oficinas que están activas de durante el día, o las llamadas zonas rosas que funcionan únicamente en la noche, excluyendo las actividades domésticas que son las que se desarrollan todo el tiempo y que permiten la apropiación del espacio volviéndolo seguro sin necesidad de políticas represivas, coercitivas o de control permanente. De igual forma, la proliferación de urbanizaciones cerradas, que no son más que espacios de reclusión estratificados por nivel de ingresos o poder adquisitivo, genera exactamente los mismos problemas, pues convierten las periferias en zonas dormitorio sin ningún tipo de articulación con otras dinámicas territoriales. Los usos de suelo mixtos garantizan no solo la multiplicidad de actividades sino la diversidad de actores aportando sustancialmente a la riqueza de la experiencia urbana.


La relación entre espacio doméstico y espacio público es lo que permite articular dinámicas sociales y económicas creadas sobre la base de la cercanía y de la vecindad lo que se traduce en barrios fuertemente cohesionados. Es por eso que desde hace varios años venimos insistiendo en la absoluta necesidad de un PLAN METROPOLITANO DE VIVIENDA que permita, por un lado, conocer la realidad habitacional del territorio y, por otro, plantear propuestas que tendientes a cubrir el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo existente, a través de la recuperación y rehabilitación del enorme patrimonio edilicio -colonial, republicano y moderno- con el que cuenta la ciudad y que en la actualidad se encuentra en condiciones deplorables de abandono e incuria. De igual manera, se debe contrarrestar el modelo actual de expansión urbana limitando el crecimiento de las periferias, densificando las zonas y sectores de menor consolidación con una política que identifique los vacíos urbanos y los predios subutilizados, que solo han servido para especular con el suelo. La densificación debe tener una lógica de sostenibilidad y de articulación manzanera, no predial, para poder mantener una escala humana y urbana coherente con el paisaje y el territorio.


También es indispensable fomentar otras formas de tenencia de la vivienda, como el alquiler público, la vivienda cooperativa, la autoproducción sobre suelo público, etc. La propiedad no puede ni debe ser la única forma de garantizar el acceso a la vivienda digna y adecuada, sobre todo cuando se ha dejado que el mercado inmobiliario y el sector financiero establezcan las lógicas de acceso al suelo y a lo edificado. La oferta inmobiliaria actual está totalmente desconectada de la ciudad construida y de la realidad del territorio, y la calidad de la misma no se compadece con los exorbitantes precios de unidades habitacionales cada vez más pequeñas, con asoleamiento y ventilación deficientes, en muchos casos; o lejos de las centralidades y carentes de vinculaciones urbanas en otros tantos. Eso sin contar con el impacto que las edificaciones en altura tienen sobre la infraestructura urbana, jamás pensada para soportar la carga a la que se ve sometida por los proyectos masivos que la normativa vigente y el PUGS fomentan. Cualquier proyecto público o privado que supere la escala histórica del sector en el que se implante debe ser sometido a un proceso de socialización y consentimiento previo del barrio, si el proyecto es rechazado por la comunidad se debería convocar a concurso público de arquitectura con el objetivo de garantizar la calidad de las propuestas y de la imagen urbana que se genera a partir de estas intervenciones.

El DMQ es además, la sede de la universidad más grande del país y de muchos otros centros de educación superior, acogiendo a una enorme población estudiantil, que sin embargo, no tiene a su disposición una oferta de vivienda pertinente y adecuada que le permita optimizar sus recursos, por lo general escasos, y generar dinámicas barriales ligadas a las necesidades, los intereses y a las propuestas de la juventud. La presencia de las universidades debe vincularse con el territorio a través del desarrollo de nuevas tecnologías, de laboratorios de investigación, de centros culturales, es decir con todos los espacios ligados a la producción del conocimiento. La academia es además un espacio crítico desde el que se puede analizar y fomentar otras visiones sobre el territorio en el marco de la diversidad humana que la caracteriza. La ciudad tiene el potencial de convertirse en un gran campus universitario con todos los beneficios sociales, económicos y culturales que eso implica. Cuenta además con un importante número de grandes parques urbanos, que deben incorporarse efectivamente a la vida cotidiana de los sectores donde se encuentran implantados, como espacios lúdicos, de esparcimiento y ocio, con un adecuado tratamiento y mantenimiento sostenido.


La privatización del espacio a través de urbanizaciones cerradas y de centros comerciales sin fachadas, así como la proliferación de muros ciegos hacia las calles constituyen un verdadero germen de la inseguridad. Sólo generando proyectos que integren verdaderamente el espacio público a las edificaciones de manera creativa se puede combatir los riesgos o el peligro inherente en esos sectores que literalmente, le han dado la espalda a las personas. Se requiere una normativa actualizada que revalorice el rol de las fachadas como interfaz entre lo público y lo privado y no solo como soporte de otras expresiones, especialmente de la publicidad. La ocupación de los retiros frontales, tanto para locales habitables como para estacionamientos, es una práctica que debe ser erradicada. Si los retiros no cumplen con su función original es hora de que la administración municipal proponga estrategias para el cumplimiento o de la normativa o cree las ordenanzas necesarias que permitan incorporar estas áreas al espacio público.


Al no existir una adecuada comprensión de la relación entre el espacio construido y las áreas verdes y de amortiguamiento que permiten el asoleamiento, la ventilación, el confort térmico, etc., estas han sido sistemáticamente transformadas o destruidas, con el único objetivo de incrementar el área edificada, perdiendo toda conexión con la naturaleza. Quebradas, laderas, parques, parterres, aceras y retiros se han encementado, rellenado o eliminado del paisaje en un implacable proceso de desertificación agravado por la fijación de ciertas instituciones con el asfalto como única solución material para las calzadas, con la total pérdida de la permeabilidad del suelo en una ciudad caracterizada por pendientes muy pronunciadas, lo que conlleva un enorme riesgo de aluviones. Se necesita urgentemente política pública que articule la gestión de riesgos con acciones de concientización ciudadana junto con un sistema integral de tratamiento de las fuentes hídricas, que permita la recuperación de las quebradas, bordes, ríos, pogyos, piscinas y otras para uso y disfrute de todos.


La ruralidad del DMQ es percibida desde hace tiempo únicamente como suelo de expansión, prácticamente deshabitado debido al carácter disperso de sus asentamientos. La transformación del suelo rural en suelo urbano compromete tanto la soberanía alimentaria como el acceso a recursos naturales como el agua para todos los habitantes del distrito, sin embargo es aún más perjudicial para las comunidades históricamente asentadas en la ruralidad, pues encarece sustancialmente el costo de vida en esos sectores. La sub-urbanización de los territorios y parroquias rurales implica importantes alteraciones en el paisaje, en los ritmos de la vida, en la economía y en la identidad propia de esas comunidades, imponiendo valores y visiones que nada tienen que ver con la cotidianidad propia de las comunidades andinas. Lo rural ha sido siempre complementario a lo urbano, no su opuesto; por eso es indispensable proteger tanto el espacio como las prácticas y la identidad de las parroquias rurales del DMQ, permitiendo que tengan formas autónomas de desarrollo que se articulen con todo el territorio y no sólo como apéndices del centro urbano consolidado.


Una nueva administración municipal siempre genera expectativas en los habitantes de cualquier ciudad. La tarea no es fácil; son muchos los problemas y las necesidades, y poco lo que se ha hecho para solucionarlos y satisfacerlas. Sin embargo, pensamos que lo más importante es desmontar los paradigmas que nos han llevado hasta este punto, replanteando lo que aspiramos para nuestro territorio y cambiando el rumbo de la planificación y la gestión municipal en beneficio de quienes sentimos que Quito es nuestro hogar, nuestro presente y nuestro futuro.


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